Se acabó septiembre, el mes internacional del Turismo. Con ello, dos reflexiones. Una inevitable, que habla de las cuentas alegres que deja el feriado largo en el territorio nacional, especialmente en aquellos destinos que esperan con ansias la llegada de los visitantes. Una segunda, que, en el contexto de lo planteado por el lema de la ONU – Turismo y transformación sostenible- nos hace repensar el lugar que le damos a esta industria y, con ello, los desafíos pendientes.
Para cumplir con dicha consigna, no basta con discursos ni eslóganes. Se requiere una revisión consciente de la gestión turística y, en particular, de la institucionalidad que la respalda. Sobre todo, considerando que quedan apenas tres meses para la temporada alta. Sin ir más lejos, en el último tiempo hemos visto ejemplos claros de cómo las fallas en la gestión pueden afectar la competitividad del sector.
Un primer caso es la polémica por el alza de las tasas de embarque aeroportuarias, anunciada por la Dirección de Presupuestos. La medida busca aumentar entre un 25 y un 30% el impuesto a los vuelos internacionales. Estas tasas son la principal fuente de ingresos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que solo en el primer semestre de este año recaudó US$177 millones, destinados a seguridad aérea, mantenimiento de infraestructura, control de tráfico y operaciones en aeropuertos. Sin embargo, la DGAC alega restricciones presupuestarias y falta de personal, lo que se traduce en demoras en trámites, inspecciones y control aéreo.
El problema es que no queda claro cómo se están utilizando los recursos, ni si se han impulsado reformas que apunten a mejorar la eficiencia mediante tecnología, digitalización de procesos o alianzas público-privadas. Subir las tasas no es un asunto menor: resta competitividad a un mercado que apenas alcanza el equilibrio postpandemia y, además, en 2018 ya se habían reducido porque eran demasiado altas en comparación con otros países.
Pero las dificultades no terminan ahí. Otro ejemplo es el de los tótems de autoatención instalados en el aeropuerto de Pudahuel, diseñados para agilizar el control de pasaportes mediante datos biométricos. Se instalaron 74 equipos (40 en llegadas y 34 en salidas), pero el sistema no funcionó y debió clausurarse, obligando a aumentar la dotación de la PDI. Lo que se pensó como un avance tecnológico para reducir tiempos de espera terminó generando más demoras y una mala imagen para el turismo. Si de aquí a diciembre no se logra reactivar el sistema de forma eficiente, seguiremos dependiendo del control manual y con ello perdiendo oportunidades de modernización.
Algo similar ocurre con el pase-parques, implementado desde enero de 2024 para digitalizar la compra de entradas a áreas silvestres protegidas. La exigencia de adquirir los boletos con 24 horas de anticipación afectó a turistas espontáneos y a operadores locales, sobre todo en zonas sin conectividad digital. Aunque se han realizado campañas informativas y se concretó una alianza con Chiletur Copec, persisten las dificultades para quienes llegan sin planificación, sumadas en ocasiones a la poca disposición del personal de turno. Este tipo de fallas en la gestión impacta directamente en la experiencia del visitante y en la reputación del país como destino.
De cara a la temporada alta, Chile necesita resolver estas falencias con sentido de urgencia. Cada turista que enfrenta una mala experiencia es una oportunidad perdida no solo para el país como destino, sino también para miles de familias y comunidades que dependen del turismo para vivir mejor. La transformación sostenible a la que nos invita ONU Turismo parte precisamente de aquí: de una gestión moderna, eficiente y responsable, capaz de convertir el potencial turístico de Chile en desarrollo real para cada región de nuestro país.