El turismo en Chile ha sido un motor de recuperación post-pandemia, con cifras que muestran un repunte importante. En 2024, el país recibió más de 5 millones de turistas internacionales, superando los niveles prepandemia y generando ingresos por unos US$3.230 millones solo en receptivo , un 9% más que en 2019. Buen balance se proyecta también para este año. Sin embargo, para que los números se proyecten en el tiempo, necesitamos sumar a la gestión turística, de la cuál hablamos en la columna pasada, un mejor presupuesto de promoción del que se ha anunciado para el próximo año.
El Proyecto de Ley de Presupuestos 2026 —presentado por el Ministerio de Economía a fines de septiembre y actualmente en tramitación en el Congreso— introduce un recorte drástico que podría frenar este impulso. El Programa de Atracción Turística Internacional, a cargo de Sernatur, verá reducida su asignación en un 28,9%: de $10.330 millones en 2025 a solo $7.337 millones en 2026 (equivalentes a unos US$7 millones). Esto implica una caída del 27% en promoción específica, dejando al país con uno de los presupuestos más bajos de la región: mientras Ecuador invierte US$30 millones, Perú y Colombia US$25 millones cada uno.
El gobierno justifica el ajuste como parte de una «política de austeridad y equilibrio fiscal», priorizando programas sociales como vacaciones de tercera edad o giras de estudio. Pero el impacto es inmediato: se suspenderán participaciones en tres de cuatro ferias europeas (manteniendo solo España), y acciones en mercados lejanos como Asia quedarán paralizadas. Además, el Fondo de Promoción Turística Internacional, prometido para 2025, no se concretará.
Los recursos son esenciales para la competitividad del destino, sobre todo cuando queremos posesionarnos como un destino de turismo sostenible, donde los viajeros hoy priorizan destinos de naturaleza y en que pueden tener contacto con comunidades locales.
Si la gestión turística es el timón que dirige el barco, los recursos presupuestarios son el viento en las velas que lo impulsa hacia puertos lejanos. Reducir el presupuesto de promoción no es un «ahorro responsable», como dice el Ejecutivo, sino un error estratégico que hipoteca la competitividad de Chile como destino. En un mercado global donde Perú invierte el triple en ferias y campañas digitales para captar europeos ávidos de Machu Picchu, o Ecuador duplica esfuerzos para atraer asiáticos a las Galápagos, Chile se autoexcluye de la carrera. ¿Cómo pretendemos posicionar nuestros atractivos que nos han catapultado a los World Travel Awards, si dejamos de «venderlos» en la vitrina internacional? Las prioridades hoy están puestas principalmente en mercados cercanos como Argentina y Brasil, que si bien son muy bienvenidos, sobre todo en el caso del primer país siempre el gasto promedio es muy bajo.
Según estimaciones de los gremios de turismo, por cada nueve turistas extranjeros que llegan gracias a campañas efectivas, se crea un empleo directo. Con este recorte, renunciamos a potenciales US$1.000 millones adicionales en divisas y desarrollo regional, justo cuando el turismo sostenible, nuestro fuerte, con estrategias como la Nacional 2035, podría multiplicar impactos en comunidades locales e inversión para la conservación a través del turismo. Fedetur lo dice claro: «No es un gasto, la promoción es una inversión que se traduce en empleo, divisas y proyección».
El Congreso tiene la oportunidad de corregir esto en la tramitación del presupuesto: restaurar fondos o crear incentivos público-privados, como propone el Consejo Consultivo de Promoción Turística. Chile no puede permitirse ser un destino «barato» en promoción cuando aspira a ser premium en experiencias sostenibles. Si no invertimos ahora, la recuperación y proyección del turismo sostenible se quedará varada en puertos nacionales o a lo más en los regionales, mientras nuestros competidores navegan hacia horizontes globales.