Lo ocurrido en las últimas semanas en el Parque Nacional Torres del Paine confirma una realidad que ya no admite matices: la institucionalidad encargada de administrar los parques nacionales en Chile está obsoleta y sobrepasada.
El fallecimiento de turistas en uno de los destinos más emblemáticos del país expuso graves falencias en seguridad, prevención y gestión de riesgos. A ello se sumó el anuncio de un alza abrupta y unilateral en las tarifas de ingreso —luego postergada—, definida sin diálogo con la industria, sin evaluar su impacto regional y desconociendo cómo opera el turismo internacional, que planifica con meses de anticipación. Hoy, una paralización de guardaparques en pleno inicio de la temporada alta vuelve a evidenciar la fragilidad del sistema.
No se trata de hechos aislados. Es la consecuencia de un modelo de gestión que no planifica, que reacciona tarde y que toma decisiones sin coordinación ni gobernanza. Una institucionalidad incapaz de conciliar adecuadamente la conservación del patrimonio natural con el desarrollo de un turismo sostenible, seguro y de estándar internacional.
Chile se promociona como un destino líder en turismo de naturaleza, pero carece de una estructura moderna y profesional para administrar su principal activo. Esa contradicción tiene costos concretos: pérdida de competitividad, daño a la imagen país, desincentivo a la inversión y precarización del empleo en regiones altamente dependientes del turismo.
Persistir en una lógica del pasado es una irresponsabilidad. Se requiere con urgencia una reforma profunda que asegure gobernanza, planificación de largo plazo, estándares de seguridad, recursos adecuados y una relación transparente con las regiones y el sector privado.
El potencial está. Lo que falta es una institucionalidad a la altura. Mientras no lo asumamos, seguiremos enfrentando crisis evitables que terminan perjudicando no solo al turismo, sino al país completo.