Lograr que el turismo se desarrolle en Chile, requiere necesariamente que nos tomemos en serio esta actividad como país. Y el principal actor llamado a hacerlo es el Estado, porque es este el que orienta, define e implementa las políticas públicas relacionadas con la industria, la que establece y otorga los presupuestos para el impulso y promoción del rubro, la que autoriza y entrega los permisos para ejecutar las inversiones y proyectos que nacen desde el ámbito privado, y el que en definitiva otorga los incentivos que determinan la capacidad de crecimiento del sector.
Una forma de cuantificar qué relevancia le da la administración central y los gobiernos de turno a una actividad productiva es mediante el presupuesto público que se le asigna anualmente, entendiendo que hay áreas que son de especial relevancia, como salud y educación, que requieren significativas partidas para llevar adelantes los programas de esas políticas sociales.
Tomando sólo la variable presupuesto, es simple advertir que el turismo para el Estado de Chile no es una prioridad, considerando el escuálido monto que se asigna a una tarea tan importante como es la promoción internacional del país. De hecho, en el presente año, cuando se esperaba un incremento de este ítem, precisamente para reactivar la llegada de turistas extranjeros a Chile tras casis tres años con las fronteras cerradas debido a la pandemia, se optó por reducir en 1/3 los fondos para promoción, pasando de los 12 millones de dólares que se destinaban en 2019, previo al Covid, a los 8 millones de la divisa estadounidense que se asignaron para 2023.
Es simple, el turismo no parece prioritario para quienes conducen el Estado en los distintos estamentos, cuestión que ha tenido como consecuencia que esta sea la actividad económica con más rezago en su recuperación, sin que esto parezca relevante para los tomadores de decisión del sector público relacionados al turismo. Asunto que, de paso, nos impide ser competitivos con los principales mercados de la región, como Argentina, Perú, Uruguay y Brasil, que en materia de promoción nos llegan a triplicar en presupuesto.
Pero lo anterior se deriva de un problema más profundo, cual es que en Chile el turismo no es considerado una política de Estado, lo que le resta relevancia al momento de definir las políticas públicas, recursos y definiciones desde la administración central, debilitando y diluyendo los esfuerzos que realiza el sector privado por impulsar esta actividad. Con ello, estamos desaprovechando todo el potencial que tiene la industria turística, que si fuese bien aprovechado, permitiría en un corto plazo, generar un millón de puestos de trabajo de calidad, duplicar el aporte al PIB y llegar al 6%, seguir profundizando la descentralización, ampliar la matriz productiva, potenciar el desarrollo de las economías locales y reforzar la sustentabilidad, por mencionar algunos de los aspectos positivos.
Por lo mismo, es momento que nos tomemos en serio el turismo y le otorguemos el sitial que le corresponde en virtud de la trascendencia que tiene como motor de progreso social y económico para Chile. Aún estamos a tiempo, y el contexto actual demanda una estrategia para hacer realidad este propósito.
