Pérdida del patrimonio gastronómico
Reconocidos restaurantes ubicados en Santiago centro, con una larga historia y tradición gastronómica, han anunciado que dejarán su actual ubicación para trasladarse a una zona más segura de la capital o están evaluando la posibilidad de cambiarse de lugar.
La determinación ha despertado el interés de la prensa por el impacto que tiene que locales con décadas de existencia en un mismo sitio, estén optando dejar sus sedes originales ante el avance de la criminalidad y el impacto que ha conllevado una caída del público, especialmente en el horario nocturno.
Este es un daño que repercute no sólo a la industria gastronómica y a los restaurantes afectados, sino que a todo el país, porque se trata de una dura derrota para la sociedad ante la pérdida de espacios públicos vitales para la convivencia. El retroceso del Estado frente al flagelo de la criminalidad está llevando a que la ciudadanía también se repliegue, debido al temor y la parálisis que genera la posibilidad de ser víctima de un delito, con efectos que también se sienten en el plano económico y laboral.
Que locales icónicos como El Hoyo y la Piojera, que han sido protagonistas de la historia y tradiciones del país, que han marcado época y que han sido parte de la vida de varias generaciones, se retiren de sus ubicaciones, que también son parte de la trayectoria de estos restaurantes, es una pérdida patrimonial irrecuperable, por más que se vayan a un nuevo lugar. Son recintos que tiene un valor en sí mismo, que se pierde al momento de ser despojados de su lugar de origen.
Es lamentable que el Estado en lugar de resguardar ese patrimonio, lo deje morir sin hacer nada al respecto, porque la salida de estos locales no se da de un día para otro ni es motivado por una decisión impulsiva, sino que es parte de un largo proceso donde sus dueños y comensales sienten el abandono por parte de la autoridad, hasta el punto de tener que adoptar una dolorosa decisión.
Frente a la inseguridad, el Estado parece tomar el camino más simple, como ocurrió con el cierre de uno de los accesos de la estación Cal y Canto del Metro, debido al incremento de la delincuencia. En lugar de reforzar la seguridad en esa área, la autoridad optó por la solución más rápida pero también más costosa, ya que la señal que se da es que se está claudicando ante el actuar de las bandas criminales.
Cuando un restaurante cambia de zona o cierra, se ve afectado también el barrio en el que se emplaza, lugar que va perdiendo vitalidad entre sus habitantes, porque los locales son parte de un ecosistema que interactúa y que genera beneficios para todo el entorno.
El Estado no puede quedar como un observador silencioso frente a esta realidad y debe intervenir de manera activa para resguardar los derechos de los ciudadanos a vivir y transitar en espacios seguros y sin sentir miedo. Es un desafío que sigue pendiente.
