Cerca del 65% del empleo privado formal en Chile lo crean las micro, pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con cifras del Servicio de Impuestos Internos y del Ministerio de Economía, existen más de un millón de pymes en el país, que dan trabajo a cerca de 5 millones de personas, entre empleados dependientes e independientes asociados.
En tanto, el sector turismo genera cerca del orden de 700 mil puestos de trabajo en la actualidad, lo que evidencia la importancia de las empresas de menor tamaño para el desarrollo económico y social del país, especialmente en un contexto de contracción del empleo, marcado por el deterioro del mercado laboral y el preocupante aumento del desempleo femenino, que hoy supera los dos dígitos.
En este escenario, el turismo y el sector gastronómico actúan de forma contracíclica, incrementando los puestos de trabajo justo cuando cae la ocupación. Este comportamiento debiera motivar al Estado a fomentar la generación de pymes y la creación de empleo. Pero, lamentablemente, ocurre todo lo contrario.
El aumento de los costos laborales en los últimos años ha significado una pesada carga para las empresas más pequeñas. Muchas de ellas hoy enfrentan serios riesgos de sostenibilidad, producto de medidas como la reducción de la jornada laboral, el incremento sustancial del salario mínimo y el alza en las cotizaciones previsionales con cargo al empleador.
Como si no bastara con esa abultada mochila, a lo anterior se suma una permisología que asfixia el emprendimiento, y proyectos de ley en trámite en el Congreso que podrían seguir golpeando a los pequeños empresarios. Entre ellos, destacan iniciativas como la eliminación del tope de indemnización por años de servicio o la eventual eliminación de la UF, que encarecería el acceso a créditos, entre otros efectos colaterales.
En un clima político donde el populismo gana terreno, la creatividad legislativa del Ejecutivo y del Congreso está alcanzando niveles insólitos. Ideas que perjudican directamente a las pymes se imponen una tras otra, obligando a muchos emprendedores a bajar la cortina, dejando sin sustento a familias completas.
Las pymes son parte de la columna vertebral de la economía nacional, pero hoy Chile se ha convertido en un terreno sinuoso para ellas. En el caso del sector gastronómico, las trabas para obtener permisos en plazos razonables, la creciente carga tributaria y la escasez de herramientas efectivas para su promoción están dañando gravemente a este importante motor productivo.
Si el Estado realmente quiere reactivar la economía, debe priorizar a las pymes, facilitar su creación y reducir la pesada carga de costos laborales y exigencias regulatorias que hoy las limitan.
De cara a las próximas elecciones, sería deseable que los candidatos presidenciales presenten propuestas serias, viables y sostenibles para proteger y promover a las pymes. Se necesitan políticas públicas responsables, que integren la mirada de las empresas de menor tamaño en las decisiones clave para el país.