Doce años se demoró en ver la luz la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas, más conocido como SBAP. Para efectos de la conservación de la Biodiversidad como del Turismo, es una buena noticia.
Se trata de una institución que se crea con patrimonio propio dependiente del Ministerio de Medio Ambiente que estará enfocada en la protección de la naturaleza terrestre y marina, resolviendo la dispersión administrativa sobre las áreas protegidas que actualmente está distribuida en cinco ministerios.
Sin duda, para el turismo sustentable significa una mayor certeza para el cuidado de la naturaleza que es el principal motivo de visita a nuestro país, especialmente a los parques nacionales, atractivo de creciente interés para chilenos como extranjeros con un peak de visitas anuales pre-pandemia de 3 millones y medio de personas según cifras de Conaf.
El principal desafío de corto plazo es la magnitud de la implementación de esta nueva ley que implica la creación del nuevo servicio con 1500 personas y 70 mil millones de dólares de presupuesto; la aplicación territorial con cerca de 20 instrumentos y la creación del sistema nacional de áreas protegidas que integra mar y tierra, así como áreas de protección públicas y privadas.
Habrá 6 tipos de áreas a proteger. Estas son reservas de región virgen; parques nacionales (terrestres y marinos); monumentos naturales; reservas nacionales (terrestre y marinas); áreas de conservación de múltiples usos y áreas de conservación de pueblos indígenas.
Para efectos del turismo es importante considerar al menos dos aspectos:
El primero es que solo se podrán otorgar concesiones para investigación científica, turística y de educación. Las concesiones deberán ajustarse a la categoría y objeto de protección, así como a los planes de manejo respectivos. Tendrán que promover la participación de las comunidades locales e indígenas; respetar los lugares en que se desarrollen costumbres ancestrales de los pueblos indígenas que se ubiquen al interior del área y en el caso de las concesiones de turismo deberán, además, desarrollarse bajo la modalidad de un turismo ambientalmente responsable, de bajo impacto sobre el entorno natural y sociocultural, es decir un turismo sustentable.
Para otorgar concesiones, existirá un comité técnico donde habrá un representante de la Subsecretaria de turismo y las concesiones podrán otorgarse a través de licitación pública o privada, con excepción de las turísticas que siempre requerirán licitación pública.
Lo segundo importante, las áreas protegidas privadas formarán parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y tienen que acogerse a alguna de las seis categorías contempladas en la ley. Es decir, los parques Tantauco, Tricao, Futangue por nombrar algunos parques privados existentes y que sin duda ya cumplen con buenos estándares, tendrán la obligación de ser supervisados por el SBAP y se les exigirá cumplir con ciertos requisitos como tener un plan de manejo. Pero no todo serán exigencias. También contarán con ciertos incentivos para su creación como la exención del impuesto territorial, del impuesto a la herencia y podrán participar de programas de capacitación de guardaparques, según disponibilidad presupuestaria. Al mismo tiempo, tendrán la opción de postular al Fondo nacional de la biodiversidad.
Sin duda, la nueva normativa es un avance para cuidar la biodiversidad y se mejoraran los estándares para las áreas protegidas.
Sin embargo, al terminar esta columna, dejo abierta la pregunta sobre cuánto del nuevo marco legal se traducirá en una mejor infraestructura en los parques nacionales con mejores senderos, señaléticas y en definitiva una mejor experiencia del visitante. Según cifras de Corfo, países como Nueva Zelandia gastan 41,9 USD por hectárea de parque, mientras en Chile ese gasto es de 1,4 USD. El desafío entonces es que la nueva institucionalidad se traduzca en beneficios reales de conservación y desarrollo sustentable, sin que los recursos se pierdan en la burocracia pública.
