Como Asociación Chilena de Gastronomía valoramos el objetivo ambiental de la Ley de Plásticos de un Solo Uso y entendemos la necesidad de avanzar hacia una economía más sostenible. Nuestro sector ha demostrado disposición a adaptarse, innovar y ser parte de la solución. Sin embargo, tras la entrada en vigencia de la última etapa de esta normativa, creemos necesario poner sobre la mesa los desafíos pendientes para que su implementación sea efectiva, viable y justa para miles de emprendedores gastronómicos a lo largo del país.
La norma representa un avance relevante en materia ambiental. Reducir el uso de plásticos desechables y promover alternativas reutilizables o retornables es una meta que compartimos. Nadie discute que debemos disminuir el impacto ambiental de nuestra actividad y avanzar hacia modelos más circulares. Pero una buena ley no solo debe tener un propósito legítimo: debe contar con condiciones adecuadas para su correcta aplicación.
Hoy observamos vacíos operativos que generan incertidumbre en los establecimientos. Existen aspectos del reglamento que no están del todo claros y que dificultan el cumplimiento uniforme de la norma. Cuando no hay criterios precisos ni lineamientos suficientemente difundidos, se expone a los locales, especialmente a los pequeños y medianos, a riesgos innecesarios de sanciones por interpretaciones dispares.
Uno de los puntos más complejos es la falta de entidades certificadoras plenamente operativas que validen los materiales permitidos. Si el mercado no cuenta con mecanismos claros y accesibles para certificar qué productos cumplen con la ley, se produce un vacío que termina afectando la toma de decisiones de los empresarios. La transición requiere certezas técnicas y disponibilidad real de alternativas.
A esto se suma la situación de productos de uso cotidiano en el rubro, como los sachets de salsas en el delivery. En muchos casos, aún no existen sustitutos que sean accesibles, certificados y funcionales. La gastronomía —que representa más de la mitad del empleo que genera el turismo en Chile— está compuesta mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, para las cuales cada ajuste normativo implica costos adicionales que deben ser cuidadosamente considerados.
Nuestro llamado no es a retroceder en los objetivos ambientales, sino a fortalecer la implementación. Se requiere mayor claridad normativa, difusión efectiva, certificación disponible y una transición acompañada por el Estado, especialmente para los emprendedores. De lo contrario, una ley bien intencionada puede terminar generando distorsiones, informalidad o inequidades competitivas.
Si queremos que esta política pública sea un verdadero aporte a la sostenibilidad, debemos asegurar que sea técnicamente aplicable y económicamente viable. El desafío ahora no es solo cumplir una fecha, sino consolidar un cambio cultural y productivo que incluya a todos los actores.
La sustentabilidad es un compromiso compartido. Para que sea sostenible en el tiempo, también debe construirse sobre reglas claras, diálogo público-privado y una implementación responsable.