Se ha vuelto habitual que proyectos de ley con un impacto significativo sobre las pymes se tramiten en el Congreso sin una adecuada evaluación de sus efectos en la sostenibilidad de las empresas de menor tamaño y en el empleo que este sector genera.
Un ejemplo concreto es la reciente legislación que fija el salario mínimo en $529.000. Según la propuesta ingresada por el Ejecutivo, el nuevo monto debía comenzar a regir a partir de mayo. Sin embargo, la norma fue aprobada recién pasada la segunda quincena de junio, cuando las empresas ya habían pagado las remuneraciones y cotizaciones de mayo con el monto anterior, ya que la ley aún no había sido aprobada ni publicada.
En la práctica, ahora que rige el nuevo salario mínimo, las empresas deberán pagar retroactivamente la diferencia, lo que resulta claramente improcedente. Esta situación refleja una práctica recurrente: el ingreso tardío de este tipo de iniciativas por parte del gobierno, sumado a una tramitación extendida en el Congreso, genera retrasos que terminan afectando a las pymes.
Existen además otras iniciativas en tramitación que parecen alejarse del sentido común. Por ejemplo, el proyecto que busca obligar a los restaurantes a ofrecer agua a todos los clientes, incluso si no la solicitan, lo que podría generar un innecesario y absurdo desperdicio de este recurso.
O la Ley de Plásticos de Un Solo Uso, que si bien prohíbe utensilios plásticos —una medida que como sector gastronómico valoramos—, también restringe el uso de utensilios fabricados con materiales sustentables. Esto no sólo limita las opciones disponibles para los locales, sino que además incrementa el consumo de agua, al imponer el uso exclusivo de utensilios reutilizables que deben ser lavados constantemente.
Estos ejemplos evidencian una preocupante tendencia a legislar «sobre la marcha», sin el debido espacio para el análisis, el debate y la reformulación. Aun cuando la intención del gobierno y del Congreso sea positiva, la falta de prolijidad en el diseño y tramitación legislativa puede terminar provocando efectos contrarios a los buscados.
Es urgente revisar y corregir estas prácticas legislativas. La calidad de las leyes que se aprueban influye directamente en la vida de las personas y en la actividad de las empresas, y puede, en no pocas ocasiones, causar un daño mayor al que se intenta remediar.
