El cambio climático dejó de ser una amenaza futura para transformarse en una realidad que está condicionando el desarrollo económico de los países y el desempeño de sectores completos. Chile, por sus características geográficas y su exposición a distintos eventos naturales, debe asumir que el clima será cada vez más determinante para su crecimiento. Y la industria turística, estrechamente vinculada con los territorios, la naturaleza y la conectividad, se encuentra entre las actividades más expuestas.
Lo comprobamos cada temporada. En verano, los incendios forestales, las altas temperaturas y las olas de calor ponen en riesgo comunidades, destinos y áreas protegidas, alteran los viajes y obligan a cerrar servicios. Es un fenómeno global. En Europa, las temperaturas extremas ya están modificando los hábitos de los viajeros, las fechas en que deciden viajar e incluso los destinos que eligen.
En invierno enfrentamos nevazones intensas, inundaciones, aludes y cortes de rutas. Los últimos temporales ocurridos en Chile dejaron pérdidas estimadas en más de US$500 millones, además de graves consecuencias para las familias, las actividades productivas y la conectividad. Para el turismo, estos episodios pueden significar la pérdida de días o semanas críticas dentro de temporadas que son breves y determinantes para la viabilidad de numerosas empresas, empleos y economías locales.
Lo ocurrido en Portillo es un ejemplo elocuente. El centro de esquí contaba con condiciones para operar, pero el prolongado cierre del Paso Los Libertadores terminó impidiendo su funcionamiento y la llegada de visitantes. El episodio dejó una lección que trasciende a un destino específico: no podemos controlar la intensidad de un temporal, pero sí podemos reducir nuestra vulnerabilidad frente a sus consecuencias.
Y ahí está el verdadero desafío. Chile necesita incorporar la adaptación climática como una variable permanente en sus decisiones de inversión, infraestructura y desarrollo. Esto exige aumentar la resiliencia de caminos y pasos fronterizos, mejorar los sistemas de prevención y respuesta, evaluar rutas alternativas y establecer protocolos que permitan recuperar rápidamente la conectividad. Exige también una coordinación efectiva entre ministerios, gobiernos regionales, municipios, organismos técnicos y sector privado.
La adaptación no puede comenzar cuando se declara una emergencia. Tiene que estar incorporada antes: en los presupuestos, las obras públicas, los estándares de construcción, la planificación territorial, los sistemas de información y los protocolos de operación.
Invertir en resiliencia, además, no beneficia solamente al turismo. Una carretera capaz de seguir operando o recuperarse rápidamente después de un evento extremo permite que las personas lleguen a sus trabajos, que los productos alcancen sus mercados, que funcionen los servicios esenciales y que las economías regionales no se paralicen. La infraestructura resiliente es también infraestructura para el crecimiento.
Nuestra industria tiene igualmente responsabilidades. Debemos avanzar hacia destinos más resilientes, diversificar la oferta para reducir la dependencia de temporadas específicas, utilizar los recursos de manera más eficiente, fortalecer la gestión de riesgos y entregar información clara y oportuna a los viajeros. Adaptarse no significa renunciar al desarrollo turístico; significa hacerlo viable bajo condiciones que están cambiando.
Porque esta realidad ya está instalada. Chile no puede seguir enfrentando cada incendio, inundación, alud o nevada extrema como si fuera un fenómeno excepcional. Cuando lo excepcional comienza a repetirse, deja de ser excepcional y debe convertirse en parte de nuestra planificación.
Si queremos que el turismo sea un verdadero motor de desarrollo económico y social, necesitamos destinos conectados, preparados y capaces de seguir funcionando frente a escenarios cada vez más exigentes.
No podemos elegir el clima que tendremos. Pero sí podemos decidir qué tan preparados estaremos para enfrentarlo. Y esa decisión debemos tomarla hoy.