La decisión del Concejo Municipal de Iquique de restringir, mediante ordenanza municipal, a partir del 1 de abril pasado, el horario de venta de alcohol de los locales gastronómicos ubicados en la península de Cavancha, en Iquique, está afectando gravemente a cerca de 30 emprendimientos ubicados en esa área, que han visto mermada la demanda, con el consiguiente efecto en los ingresos y las fuentes de trabajo que generan.
Se trata de una medida arbitraria, que desconoce el aporte que realizan los locatarios al desarrollo de la ciudad, en un lugar que es un polo gastronómico y turístico, que hasta antes de la restricción, atraía a un número importante de visitantes. Muchos de esos recintos hoy está semi vacíos, lo que ha obligado a sus dueños a retrasar pagos a proveedores y disminuir el personal.
Pero también es una acción que se adopta fuera de norma, ya que la venta y expendio de alcohol está regulada por la Ley de Alcoholes, normativa que ha sido pasada por alto mediante esta ordenanza. Aun cuando el motivo que originó la restricción municipal pudo ser válida, como era la queja de vecinos ante el ruido originado en ese sector, que combina comercio y zona residencial, se podría haber llegado a un acuerdo entre las partes para buscar una solución, ya que el grueso de los locatarios cumple con la normativa en cuanto a su funcionamiento.
Antes de tomar una determinación de este tipo, la autoridad debe analizar el impacto que tendrá, ya que aquí hay empresarios que invirtieron, que se arriesgaron y que aportan al desarrollo económico y social de la ciudad, por lo que desconocer esa realidad es un desincentivo para emprender, que debilita lo esfuerzos de distintos actores locales por convertir a Iquique en la capital turística del norte del país.
Las señales para lograr la recuperación económica del país deben ser claras, entendiendo que debe haber una armonización entre el desarrollo de actividades económicos con el entorno en el que se realizan, precisamente para que exista un crecimiento sostenible, especialmente de una actividad intensiva en la generación de empleos de calidad.
Sería positivo que en el caso de los locatarios ubicados en la península de Cavancha, exista la voluntad del municipio por resolver este tema y buscar un acuerdo que permita un funcionamiento sin la restricción actual, y se sigan respetando las normas de convivencia que hagan compatible esa área residencial y comercial, terminando, así, con una discriminación, porque esa limitación se aplica de forma puntual sobre una determinada zona.
De esa voluntad depende no sólo que esos cerca de 30 locatarios puedan seguir funcionando, sino que también el trabajo de muchas personas que directa e indirectamente generan sus ingresos para poder vivir.
