Combate a la informalidad


Basta recorrer las zonas comerciales de algunas ciudades del país, como Santiago Centro, el casco histórico de Valparaíso y otras ciudades, para observar la proliferación del comercio informal.

El gobierno y algunos municipios han impulsado planes para frenar esta actividad ilícita, pero sin muy buenos resultados, ya que de aquellas áreas donde son expulsados, reaparecen al poco tiempo en el mismo lugar o se van a lugares aledaños.

Su masiva presencia genera diversos problemas en distintos ámbitos, partiendo por entorpecer y perjudicar al comercio formal, que está legalmente establecido, que paga impuestos, patentes y permisos, cuyo funcionamiento es fiscalizado por las autoridades, y que en definitiva, representa un aporte efectivo al desarrollo del país.

Al contrario, el comercio informal deteriora los espacios públicos, en muchos casos, es foco de delincuencia, ya que se ha constatado la existencia de verdaderas bandas criminales que se apoderan de veredas y calles, donde se impone la ley del más fuerte o violento. Además, no pagan impuestos, tampoco están sometidos a fiscalización, no entregan boleta ni ofrecen garantías por los productos que venden.

Su presencia supone, por lo mismo, un impacto para las arcas fiscales, en desmedro de los chilenos que son beneficiados con los planes sociales que el Estado financia vía impuestos, y que fundamentalmente implica externalidades negativas en las zonas donde se instalan.

Realidad que también afecta a la industria gastronómica, ya que una parte significativa del comercio ilegal se dedica a la venta irregular de alimentos en la vía pública, sin ningún tipo de control.

La proliferación del comercio ilegal es, en sí mismo, una vulneración a la igualdad ante la ley, considerando que muchas empresas establecidas hacen un tremendo esfuerzo por funcionar cumpliendo con la normativa vigente, y ven un enorme desincentivo al observar que se está imponiendo el comercio callejero, sin que exista un plan efectivo de erradicación.

Otro efecto negativo del comercio ilegal es que con él aumenta también el empleo informal, otro factor muy dañino también para la economía y para las propias personas, porque se trata de fuentes de trabajo inestables, sin seguridad social, y que en muchas ocasiones, se realiza en condiciones precarias.

Como país debemos avanzar en generar las condiciones que desalienten el comercio informal y promueven oportunidades laborales establecidas, que permitan a las personas optar a un mayor bienestar social y económico, y permita a las empresas competir en igualdad de condiciones, y no con estas asimetrías que deterioran el emprendimiento y mejores opciones de progreso.

Estamos enfrentando una compleja coyuntura económica a nivel global y nacional, lo que representa una amenaza mayor de que la informalidad aumente, y por lo mismo, el Estado debe disponer de un plan especial para enfrentar la desaceleración de la economía y evitar, de paso, que se siga incrementando el comercio ilícito. Entendemos que no es una tarea sencilla, pero se deben realizar todos los esfuerzos para frenar su continua proliferación.

Como Asociación estamos abierto a apoyar en las instancias que sean necesarias para trabajar junto al sector público en enfrentar este problema, y ser un protagonista activo en ofrecer oportunidades laborales para reducir los actuales niveles de comercio ilegal.

Etiquetas:
Achiga - Máximo Picallo - Opinión - Presidente Asociación Chilena de Gastronomía




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